5 de diciembre de 2014 / 17:39 / en 3 años

RPT-A FONDO-Ataque a estudiantes desata búsqueda de más desaparecidos en México

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Por Anahí Rama y Lizbeth Díaz

IGUALA, México, 5 dic (Reuters) - Por años, cuando alguien desaparecía en el montañoso estado mexicano de Guerrero, los familiares no se atrevían a hacer ningún escándalo, a sabiendas de que podrían ser las próximas víctimas.

Varias bandas del crimen organizado en este estado productor de heroína del sur del país han mantenido aterrorizada a la población extorsionando, matando y secuestrando con la complicidad de la policía, lo que aplacaba cualquier denuncia.

Pero la desaparición de 43 estudiantes de magisterio hace dos meses en la ciudad guerrerense de Iguala, a manos de uno de estos grupos y de la policía local, desató indignadas protestas en un país que permanecía anestesiado por la larga y sangrienta guerra antinarco.

El caso expuso las grietas de la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, quien durante sus primeros dos años en el Gobierno se centró en impulsar reformas económicas profundas sin dar prioridad a la grave crisis de impunidad, corrupción policíaca y crimen que campea en el país.

Aprovechando el momento, y que la ciudad está sitiada por policías de élite y militares, las afligidas familias de más de 300 desaparecidos en años previos en Iguala y pueblos cercanos decidieron dejar de lado el miedo y salir a buscarlos.

Bajo un sol abrasador y armados con picos y palas, suben a las empedradas montañas a excavar para tratar de hallar aunque sea un hueso que les permita identificar a sus seres queridos a través de una prueba de ADN, o colocan marcas en lugares donde la tierra está removida y podría haber fosas.

“Uno se duerme y despierta esperando que ya esté su hijo ahí, pero vuelve la amargura de no saber nada de él”, se lamentó Luis Manuel Muñoz, de 62 años, quien busca a su hijo Cuauthémoc desde el 2010. “México está viviendo algo muy horrible”.

El jubilado relató que un sobrino suyo fue hallado en 2009 con la cara desollada, uno de los más horribles modus operandi del narco, y otro conocido fue encontrado descuartizado un año después, los dos al costado de una carretera.

“La desaparición de los estudiantes fue el detonante (de la búsqueda). Mucha gente aún tiene miedo, pero tenemos que romperlo para que las cosas cambien”, dijo Citlali Miranda, una psicóloga de Iguala que busca a dos primos y que organiza a los familiares de los desaparecidos.

Hasta hace poco, buscaban en silencio. Algunos familiares de quienes desaparecían recorrían las carreteras por su cuenta, mirando a los costados para ver si había algún buitre que pudiera estar acechando algún cadáver.

Otros simplemente huían con toda su familia, asustados por la violencia que castiga al país, donde hay decenas de miles de asesinatos sin esclarecer y un 92 por ciento de los delitos no se denuncian porque a menudo quien toma la queja puede ser parte de un grupo criminal.

“Lo ocurrido en Iguala ... es claro que exhibió las vulnerabilidades que tienen particularmente los gobiernos municipales; es claro que evidenció la debilidad institucional para hacerle frente al crimen organizado”, dijo esta semana Peña Nieto, cuya popularidad ha caído fuertemente.

ZONA DE FOSAS

Cerca de 104,000 personas han sido asesinadas y más de 22,000 están desaparecidas desde fines del 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón sacó a las calles a miles de militares para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y éstos se fragmentaron a medida que caían sus líderes, enfrascándose en luchas sin cuartel y multiplicando la violencia.

Sólo en Guerrero, los asesinatos más que se duplicaron a 2,087 entre 2008 y 2013, año en que el estado tuvo la mayor tasa de homicidios del país con 63 por cada 100,000 habitantes.

En medio de las investigaciones en torno a los estudiantes, autoridades federales hallaron 39 cuerpos en tumbas clandestinas en las afueras de Iguala, pero los familiares aseguran que hay más y más cadáveres, allí y en otros municipios del estado.

“Yo quiero encontrarlo, como sea quiero encontrarlo”, dijo Jovita Martínez, una vendedora de 46 años de cara curtida por el sol, cuyo hijo de 23 desapareció el año pasado mientras trabajaba como taxista en Iguala.

Cuando denunció ante la fiscalía los policías le dijeron que no tenía sentido buscarlo, por lo que prefirió callar y dejar de buscar ante el temor de que también su otro hijo desapareciera.

Salvador Beltrán, un campesino de Pueblo Viejo -una zona rural de accidentadas calles cuya casa está camino a donde fueron ubicadas parte de las fosas- dijo que antes de la presunta masacre de los estudiantes oía por las noches vehículos ir y venir rumbo a las zonas despobladas de la montaña.

Desde que llegaron las fuerzas federales no se oye nada, pero teme que cuando se vayan la situación empeore. “Dicen que se van a llevar a más muchachos”, en una suerte de venganza por lo que ocurrió con los estudiantes.

El campesino narró que cuando llevaba sus chivos a pastar veía montículos de tierra en las montañas que luego resultaron ser varias tumbas clandestinas con 18 cadáveres.

En el mismo camino, salpicado de mariposas amarillas, otros revelan que pese a la vigilancia, los celadores del narco, conocidos como “halcones”, han vuelto luego de que fueran retirados los cuerpos de las fosas.

El Gobierno dijo, basándose en declaraciones de tres detenidos, que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos quemados y arrojados en un basurero del vecino municipio de Cocula, donde en el 2013 el narco hizo una redada y se llevó a 17 jóvenes, según testimonios.

Aún se desconoce cuál fue el móvil para asesinar a los estudiantes de magisterio. Podrían haber sido confundidos, según las autoridades, con el grupo criminal Los Rojos, rivales de los Guerreros Unidos que controlan Iguala y cuyo alcalde, José Luis Abarca y su esposa, detenidos en octubre, trabajaban para ellos.

EL LARGO BRAZO DEL CRIMEN

El caso evidenció la infiltración del narco entre las autoridades y puso contra las cuerdas al Gobierno por no detectar a tiempo a personajes como Abarca, y al izquierdista Partido de la Revolución Democrática, que gobierna el estado.

Pero sobre todo dejó en claro que cualquiera en México puede ser alcanzado por el brazo del crimen, dijo Juan Torres Landa, dirigente de México Unido contra la Delincuencia, una organización civil vinculada con grandes empresarios.

El activista dijo que en Michoacán, Morelos y el Estado de México, vecinos a Guerrero, así como en el norteño Tamaulipas, deberían ser suspendidas las garantías individuales con una intervención federal, dado que en la práctica no existen.

La crisis actual “es una oportunidad de no pretender seguir ignorando las claras señales que tenemos de una descomposición creciente en seguridad y justicia (...) de una corrupción y una inseguridad que están fuera de control”, dijo.

Estados como Guerrero, de los más pobres del país y con una larga historia de corrupción entre sus autoridades, fueron los que más sufrieron la fragmentación de grupos a partir de la caída del jefe del cártel de los Beltrán Leyva en facciones que fueron dividiéndose en partes su territorio a partir del 2010.

Alimentados por un creciente auge de la heroína con destino a las principales ciudades de Estados Unidos, grupos como Guerreros Unidos, al que se acusa de haber secuestrado a los estudiantes en complicidad con la policía de Iguala y Cocula, decidían desde hace años quiénes iban a ser alcaldes y policías.

México desplazó hace poco tiempo a Colombia como el principal proveedor de heroína a Estados Unidos, según datos de la Casa Blanca. El norteño Sinaloa y Guerrero son las dos principales regiones donde se planta amapola, de donde se extrae la goma de opio con la que se fabrica esta droga.

JUSTICIA, UNA QUIMERA

Con una saña que aumentó con el tiempo, el crimen organizado pasó de las luchas por defender las rutas del tráfico de drogas a ejercer un control directo sobre la población, decidiendo junto con autoridades corruptas quién vive y quién muere.

En lugares pobres como Guerrero reclutan principalmente a jóvenes a quienes les ofrecen unos 4,000 pesos (menos de 300 dólares) por matar y la mitad de esa suma por “halconear”, como se le dice a vigilar el territorio, según autoridades.

Al menos 12 alcaldes están bajo investigación por supuestos vínculos con el crimen organizado, dijo el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, quien tomó el poder semanas después de que su predecesor, Ángel Aguirre, renunciara acusado de haber dejado desbordar el crimen y la impunidad en el estado.

“Si el Gobierno hubiera atendido antes todas estas demandas se hubiera evitado todo esto que está pasando”, lamentó Nardo Flores, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, sentado afuera de la escuela de Ayotzinapa, donde por temor los jóvenes ejercen un estricto control sobre quienes ingresan.

Los familiares que han buscado en las montañas dicen que ya encontraron 16 restos humanos en tumbas clandestinas halladas mediante denuncias anónimas.

“La gente lo que quiere es encontrar los restos, que los saquen de donde están enterrados. Ya ni siquiera está pidiendo justicia o encontrar a los culpables, eso se ve como una quimera”, dijo Miranda. (Editado por Ana Isabel Martínez y Juana Casas.)

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