9 de octubre de 2014 / 21:29 / hace 3 años

Masacre de estudiantes desnuda fallida estrategia de seguridad en México

Por Anahí Rama y Ana Isabel Martínez

MÉXICO DF, 9 oct (Reuters) - Durante sus casi dos años de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto le bajó el tono al tema de la rampante violencia en México, pero una masacre de decenas de estudiantes y asesinatos de políticos dejaron al desnudo en los últimos días las fallas de un sistema de seguridad infiltrado por el crimen organizado.

El mandatario, que llevó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de regreso al poder, se enfocó en lograr reformas económicas clave para apuntalar la economía, pero el fuerte resurgimiento de la violencia ahora está empañando sus logros políticos y sus planes de seducir a grandes inversores.

La falta de una mayor prioridad al tema de los derechos humanos y al combate contra la impunidad y corrupción -problemas heredados de su antecesor Felipe Calderón-, le está cobrando la factura y han sido caldo de cultivo para actos de barbarie como el reciente ataque contra los estudiantes, aseguran activistas.

“Todo esto es (...) lo que ha generado las condiciones para que estos hechos, por atroces que sean, se cometan hoy en día en México sin que nadie rinda cuentas”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Y la situación podría persistir ante las falencias o ausencia de un sistema de seguridad integral y nacional más allá del combate reactivo a focos de violencia, aseguran algunos.

“El problema no se va a resolver de la noche a la mañana, no vemos que haya un cambio importante de estrategia por parte del presidente Peña Nieto. Tratan de controlar la situación a nivel local pero yo creo que la cosa va a seguir en los mismos términos”, dijo el analista político José Antonio Crespo.

EL GOBIERNO DEL NARCO

El 26 de septiembre, luego de haber tomado autobuses para recolectar dinero, unos 80 estudiantes de magisterio se enfrentaron en el sureño estado de Guerrero con policías. Los agentes dispararon matando a dos y se llevaron a decenas de ellos en sus patrullas para luego entregarlos a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, según las autoridades.

Una semana después, 28 cuerpos fueron hallados calcinados en las afueras de la ciudad de Iguala, donde todo ocurrió, y si bien aún su identidad no ha sido confirmada, investigadores sospechan que algunos cadáveres podrían ser de los estudiantes.

El alcade de Iguala y su primo, el jefe de la policía municipal, escaparon después de la matanza y la fiscalía los está buscando para que aclaren su rol en la presunta masacre.

“Aquí en Guerrero gobierna el narco en todos lados, y a (también) nivel nacional”, dijo entre lágrimas Angel de la Cruz, un estudiante de 19 años de la escuela de Ayotzinapa, a la que asistían los jóvenes desaparecidos. El logró huir del ataque.

Varios capos narcos han caído abatidos o detenidos durante los últimos años y el propio Peña Nieto logró en febrero la captura del más buscado Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y quien estaba prófugo desde hacía 12 años.

Pero la captura de estos capos atomizó a estas organizaciones y las resultantes además de traficar droga, ahora secuestran, extorsionan, roban combustible y matan sin control en un país donde muy pocos crímenes se aclaran.

Casi 30,000 personas han sido asesinadas durante los 20 primeros meses de la gestión de Peña. Son más víctimas que durante el período comparativo de Calderón, que al asumir lanzó una guerra frontal con militares contra el narcotráfico pero acabó acumulando 70.000 muertos para cuando tuvo que pasar la banda presidencial.

El uso de la milicia para poner a raya al narcotráfico volvió a quedar en tela de juicio en septiembre, cuando el Gobierno tuvo que reconocer después de reportes de prensa que militares ejecutaron a 21 presuntos delincuentes que ya ese habían entregado, en lo que oficialmente se había comunicado en un principio como un enfrentamiento.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Alvarez Icaza, dijo esta semana que la posible masacre de los estudiantes “es una extraordinaria situación de emergencia” en materia de derechos humanos y que el país se juega su prestigio internacional en este tema.

Peña Nieto, que entre sus objetivos de gobierno busca que México recupere liderazgo internacional tanto económico como político, ofreció recientemente a las Naciones Unidas que su país pase a formar parte de los misiones de paz del organismo.

Pero ahora la ONU tiene al gobierno bajo la lupa. En un comunicado urgió el miércoles a investigar el caso de los estudiantes al que calificó como “entre los acontecimientos violentos más terribles de los últimos tiempos en México” y envió representantes a recabar información de primera mano.

Hasta Peña reconoció el jueves que lo ocurrido en Iguala echó tierra a su proceso de reformas.

“Este hecho empaña el esfuerzo colectivo y nacional por realmente lograr de México un país de mayor progreso y desarrollo”, dijo en un acto público prometiendo justicia.

EL LARGO BRAZO DEL CRIMEN

Hace unas semanas, la violencia alcanzó a un diputado federal del PRI, Gabriel Gómez, que fue secuestrado en las afueras de la ciudad de Guadalajara y cuyo cuerpo y el de su asistente fueron hallados calcinados en una camioneta. Aún se desconoce el móvil de los homicidios, pero hay varios detenidos.

El mismo fin de semana en que desaparecieron los estudiantes, el secretario general del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Braulio Zaragoza, fue asesinado a tiros en el centro turístico de Acapulco, también en Guerrero.

Este estado es uno de los más pobres del país y hasta 2013 tenía la mayor tasa de homicidios con 63 por cada 100,000 habitantes, tres veces la media nacional.

La entidad es el más reciente foco rojo de una serie de estados como Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México donde el Gobierno ha ido apagando incendios en una estrategia que según especialistas sigue ocupando territorios pero con escasa labor de inteligencia y sin desmantelar las estructuras financieras de los cárteles.

“Es una política fallida porque los objetivos (del combate) siguen sin estar realmente definidos y no sabemos dónde termina esta lucha frente al crimen organizado. Despliego una fuerza a ver si bala por bala recupero una porción de territorio grande, pero no hay componentes de inteligencia”, dijo Francisco Franco, analista de la consultoría CIS Pensamiento Estratégico.

El mes pasado, Peña se jactó de una baja en la violencia basado en indicadores generales del país sobre homicidios y otros delitos. “México se mueve hacia la paz”, afirmó.

Pero la realidad región por región es escalofriante.

Aún en estados como Michoacán, que fue intervenido por fuerzas federales en enero cuando estaba al borde de una guerra civil entre narcotraficantes y grupos civiles de autodefensa, las cifras de asesinatos hablan por sí mismas.

Entre enero y agosto fueron ultimadas 697 personas, sugiriendo que la cifra al final del año podría superar la del 2013 de 902 asesinatos.

En mayo, marinos, militares y policías federales fueron enviados a Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, donde el sanguinario cártel de los Zetas se enfrenta con su antiguo aliado, el cártel del Golfo, manteniendo en caos a la industrial Tampico con bloqueos y quema de camiones en avenidas.

La rampante violencia también ha alcanzado al Estado de México, que Peña gobernó entre el 2005 y el 2011 y en el que familias enteras han sido asesinadas en medio de venganzas entre bandas del crimen organizado, lo que llevó a la destitución de varios altos funcionarios a mediados del año.

En este estado, el de mayor contribución a la economía después de la Ciudad de México y el más poblado, fueron asesinadas 1,324 personas en los primeros ocho meses del año frente a 1,932 en todo el 2013.

“Hemos llegado a un momento crucial para este país. Tenemos que resolver estos problemas, o vamos a llegar a un callejón sin salida”, dijo el diputado priísta Ricardo Pacheco, jefe del Comisión de Justicia en la cámara baja del Congreso. (Reporte adicional de Lizbeth Díaz en Ciudad de México y Dave Graham en Iguala. Editado por Pablo Garibian)

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