30 de junio de 2017 / 12:23 / en 5 meses

RPT-ACTUALIZA 1-Funcionarios de la oposición de México fueron blanco de espionaje del Gobierno: reporte

(Repite nota transmitida la noche anterior. Texto sin cambios)

Por Michael O‘Boyle

CIUDAD DE MÉXICO, 29 jun (Reuters) - Tres funcionarios de alto rango de la oposición en México, incluido el líder del partido conservador, fueron atacados con software espía vendido al Gobierno para combatir a criminales y terroristas, según un reporte de investigadores de la Universidad de Toronto.

Los funcionarios, entre ellos el jefe del Partido de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, recibieron mensajes de texto relacionados con el software conocido como Pegasus, que la compañía israelí NSO Group sólo vende a gobiernos, según el reporte de Citizen Lab.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha pedido a la oficina de la fiscalía general que investigue acusaciones de que el Gobierno ha realizado espionaje a ciudadanos particulares y ha dicho que llegará al fondo de un asunto que considera “falso”.

La semana pasada, Citizen Lab, un grupo de investigadores de la Escuela Munk de la Universidad de Toronto, identificó a 12 activistas, abogados de derechos humanos y periodistas que también habían visto intentos de infectar sus teléfonos con el poderoso spyware.

John Scott-Railton, uno de los investigadores de Citizen Lab que ha pasado cinco años siguiendo el uso de este spyware por parte de gobiernos contra civiles, dijo que el caso de México era notable por el número de objetivos y la intensidad de los esfuerzos.

“Lo que ya hemos proporcionado, en nuestra información previa, es sólida evidencia circunstancial que implica al Gobierno de México”, declaró. “Este es el caso más imprudente del uso del spyware por parte de un Gobierno que hemos visto”, agregó.

Anaya, el senador del PAN Roberto Gil Zuarth y Fernando Rodríguez, secretario de comunicaciones del PAN, recibieron mensajes infectados en junio del 2016, cuando los legisladores estaban discutiendo una ley anticorrupción, según el reporte.

“Que el Gobierno espíe, invadiendo la intimidad de las personas en esta magnitud, es absolutamente inaceptable”, dijo Anaya en un comunicado. “No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados”, añadió.

La oficina del presidente Enrique Peña Nieto dijo en un comunicado que “rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones”, excepto para combatir la delincuencia organizada o amenazas a la seguridad nacional, y sólo con autorización judicial.

“Es una forma de crimen organizado. Es un delito grave y debe ser castigado con prisión”, dijo Gil Zuarth en un comunicado divulgado por la tarde, en el que señaló que presentará una denuncia penal ante la fiscalía general sobre espionaje.

“El ataque supone una violación a mi privacidad, a mis derechos como individuo y como mexicano”, subrayó y añadió que era “altamente probable” que uno de los tres intentos lograra infectar su teléfono.

El reporte fue publicado en el sitio en Internet de Citizen Lab. (bit.ly/2sl8UiH)

Dos televisoras mexicanas citaron el miércoles documentos que mostraban que la oficina del fiscal general pagó más de 32 millones de dólares por el software en octubre del 2014. Fue instalado el mes siguiente, cuando Arely Gómez, una senadora con licencia del gobernante PRI, acababa de convertirse en fiscal general.

El jueves Gómez, quien es ahora la contralora federal, dijo que el uso del software “se hizo siempre de acuerdo a la ley”. La oficina del presidente dijo en un comunicado que la tecnología había sido utilizada exclusivamente contra el crimen organizado y amenazas contra la seguridad nacional y sólo con autorización de la corte.

Las acusaciones de espionaje se han sumado a los problemas que enfrenta Peña Nieto, que ha visto caer su popularidad debido a la creciente violencia y señales de corrupción generalizada.

Entre los objetivos anteriores identificados por Citizen Lab se encontraba Carmen Aristegui, una periodista que en el 2014 ayudó a revelar que la esposa de Peña Nieto había adquirido una casa de un importante contratista gubernamental.

Además, entre los blancos también se encontraban abogados que representaban a las familias de 43 estudiantes desaparecidos y que supuestamente habrían sido asesinados en el 2014.

Al menos nueve de las personas que fueron blanco presentaron acusaciones ante autoridades el 19 de junio. El 22 de junio, Peña Nieto prometió una investigación exhaustiva e insistió en que México era una democracia que toleraba voces críticas.

La oficina del presidente dijo en su comunicado más reciente que cualquier nueva denuncia se añadiría a la investigación actual. (Con reporte adicional de Adriana Barrera. Editado en español por Carlos Aliaga, Gabriela Donoso y Adriana Barrera)

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