6 de octubre de 2016 / 20:27 / hace 10 meses

Ombudsman México pide investigar funcionarios involucrados en entierro clandestino de 119 cadáveres

CIUDAD DE MÉXICO, 6 oct (Reuters) - Funcionarios de la fiscalía del estado de Morelos, vecino a la capital de México, deben ser investigados como probables responsables de la inhumación irregular de 119 cadáveres, dijo el jueves la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el ombudsman del país.

La Comisión presentó una investigación en la que estableció que los funcionarios enterraron los cuerpos en un predio no habilitado y sin realizar los protocolos previos mínimos, poniendo hasta 50 cuerpos en una fosa cuyo tamaño era para tres cuerpos.

En el caso de 44 cuerpos que tenían señales de muerte violenta, no se realizó ninguna investigación sobre las causas de su fallecimiento ni se buscó a los responsables, con lo cual se violaron los derechos de las víctimas y de sus familias, señaló el informe de la CNDH.

Del total de cuerpos, 117 fueron enterrados el 28 de marzo del 2014, indicó.

Morelos es uno de los estados con mayor índice de homicidios y secuestros en el país, donde opera el grupo criminal Guerreros Unidos, supuesto responsable junto con policías de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, ocurrida en 2014 en el vecino estado de Guerrero.

"Se tiene que investigar a todos aquellos servidores públicos que hayan participado en todo este proceso de inhumación de cadáveres y restos humanos", dijo Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH.

Actualmente no hay ningún funcionario detenido por este caso.

En México es común el hallazgo de fosas clandestinas con hasta cientos de cuerpos que cárteles del narcotráfico han utilizado por años para deshacerse de sus víctimas, pero hasta el hallazgo el año pasado de la de Tetelcingo, en Morelos, no se había ubicado una sepultura irregular usada por funcionarios de una procuraduría de justicia.

La CNDH estableció que en 20 casos no se hizo ninguna gestión para identificar a las víctimas y en los que se iniciaron carpetas de investigación, casi la totalidad presentó irregularidades o deficiencias. En 15 procedimientos no se realizó a los cadáveres la necropsia a la que obliga la ley.

Los cuerpos estaban enterrados en dos fosas de seis por tres metros cada una y de 3.5 metros de profundidad, apilados unos sobre otros, algunos en bolsas.

El hallazgo ocurrió a partir de la búsqueda que hizo la familia de Oliver Navarrete, un joven que fue secuestrado y asesinado en 2013 y cuyo cadáver, a pesar de haber sido identificado con pruebas de ADN, fue enviado a la fosa, como suelen hacer las autoridades cuando los cuerpos no son reclamados, en vez de entregarlo a los familiares.

La familia del joven ha pedido que comparezca ante la justicia el ex fiscal de Morelos Rodrigo Dorantes y que el gobernador Graco Ramírez pida una disculpa pública.

El actual fiscal de Morelos, Javier Pérez, dijo que existe otra fosa clandestina en la localidad de Jojutla de cadáveres enterrados en 2011 y 2014, y señaló que en noviembre espera que comience su exhumación y trabajos de identificación. (Reporte de Anahí Rama. Editado por Javier Leira)

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