Nuevo peritaje no concluye que estudiantes fueron calcinados en basurero en sur de México

viernes 1 de abril de 2016 17:46 CST
 

CIUDAD DE MÉXICO, 1 abr (Reuters) - Un nuevo peritaje a un basurero en el sur de México estableció que existió fuego controlado en el lugar y se hallaron restos de 17 personas, pero no fue concluyente en determinar si ahí se incineró a 43 estudiantes desaparecidos hace más de un año, informó el viernes el grupo de expertos que realizó el estudio.

El peritaje es parte de las pesquisas para determinar lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando los estudiantes fueron secuestrados por policías en el sureño estado de Guerrero y luego entregados a criminales que, según el Gobierno, los habrían incinerado en el basurero de Cocula.

"El grupo de expertos en fuego ha convenido realizar más pruebas en las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos", dijo el portavoz del grupo, Ricardo Damián Torres.

El experto mencionó que los resultados de esas pruebas serían dados a conocer una vez que se realicen, pero no precisó cuánto tiempo tardarían en llevarse a cabo.

En febrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dijo haber encontrado restos de 19 personas en el basurero de Cocula, a pocos kilómetros de Iguala, en Guerrero, donde habrían sido secuestrados los estudiantes del magisterio.

De acuerdo a las pruebas realizadas por el EAAF, los restos óseos localizados no coincidían con los de los jóvenes desaparecidos pues eran de personas en un rango de edad entre los 21 y 38 años.

Meses antes del informe del EAAF, el grupo de expertos independientes nombrado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), echó abajo la conclusión de la fiscalía federal de que los jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula.

El grupo de expertos de la CIDH, que concluirá su colaboración en las investigaciones este mes, ha denunciado serias fallas en la investigación como: declaraciones hechas bajo tortura, dilación en los procesos y falta de pruebas que podrían ayudar para esclarecer lo sucedido a los jóvenes. (Reporte de Lizbeth Díaz, editado por Adriana Barrera)