30 de mayo de 2012 / 19:13 / hace 5 años

En Alabama, EEUU, estricta ley de inmigración siembra discordia

Por Daniel Trotta y Tom Bassing

BIRMINGHAM, EEUU, 30 mayo (Reuters) - En el estado estadounidense de Alabama, Darryl Copeland mira sus plantas de semillas y se pregunta qué pasará con la cosecha de tomate de este año.

Tenía miedo de que su fuerza de trabajo inmigrante estacional no regresara este verano para la temporada de recolección, por temor a caer presa de la estricta ley de inmigración vigente en el estado. Los trabajadores que él espera están recolectando la cosecha en Florida.

“Tuve que reducir mi plantación sin saber si la mano de obra iba a estar disponible”, dijo Copeland, de 47 años, que plantó sólo dos tercios de sus 12 hectáreas en Straight Mountain, en el condado nororiental de Blount.

“No sé qué vamos a hacer si echan a todos los ilegales de aquí. Va a ser difícil mantener el negocio”, explicó.

El también productor de tomates Tim Battles planteó apenas 5 de sus 10 hectáreas por la incertidumbre que genera la ley.

“Tengo 160.000, 170.000 dólares en mi cultivo”, dijo. “Pensemos si (los funcionarios de aplicación de la ley de inmigración) vienen en julio y se llevan a todos. Pierdo todo. Lo que están haciendo en Montgomery (capital del estado) nos está sacando del negocio”, agregó.

Basada en la controvertida ley de inmigración del 2010 de Arizona, el estatuto de Alabama y otros aprobados el año pasado en Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah exigen que las autoridades estatales y locales verifiquen el estatus inmigratorio de aquellos que sospechen que están viviendo ilegalmente en el país.

Ahora, Alabama está comprobando si puede sobrevivir sin la presencia de inmigrantes indocumentados, estimados en 120.000 en el 2010, que llegaron al estado del sur recién en las últimas décadas pero han estado trabajando en los estados limítrofes durante varias generaciones.

Otros estados consideran aprobar sus propias leyes, pero quieren esperar al fallo de la Corte Suprema sobre ciertas partes de la ley de Arizona, que se prevé para junio.

En base a las preguntas planteadas por los jueces durante los argumentos orales del 25 de abril, algunos analistas creen que la corte de Roberts ratificará gran parte de la ley, potencialmente invitando a otros estados a que sigan su ejemplo.

Una corte federal de apelación dijo que esperará el veredicto de la Corte Suprema antes de decidir si deroga algunos aspectos de la ley de Alabama, conocida como la Ley 56 de la Cámara.

La legislación exige a las autoridades estatales que incrementen la vigilancia sobre los supuestos inmigrantes ilegales, negándoles servicios públicos.

Aprobada en junio pasado por la legislatura controlada por los republicanos y firmada por el gobernador republicano Robert Bentley, la ley entró en vigencia en septiembre, aunque algunas de sus secciones fueron desafiadas por tribunales federales.

“Sin dudas, la Ley 56 de Alabama es la ley estatal anti inmigración ilegal más exhaustiva que se haya redactado”, dijo Kris Kobach, secretario de Estado de Kansas y autor intelectual de las leyes de Arizona y Alabama, que consultó con otros 10 estados sobre legislación de inmigración.

“Incluye todo lo que un estado puede hacer para desalentar la inmigración ilegal”, agregó.

Kobach, asesor informal del candidato presidencial republicano Mitt Romney, propone la “autodeportación”, es decir, crear condiciones tan complejas que los inmigrantes indocumentados decidan irse voluntariamente.

En ese aspecto, la ley de Alabama logró su objetivo, ya que decenas de miles de inmigrantes ilegales se fueron del estado, de acuerdo a datos de encuestas laborales y respaldados por historias de empleadores, políticos y los propios inmigrantes.

Al mismo tiempo, los empleadores no han sido sancionados. Una sección asigna castigos ascendentes para los empleadores que contraten a trabajadores indocumentados, que llegan a la suspensión permanente de las licencias comerciales en el estado.

“Esta ley es un chivo expiatorio para la población vulnerable. Perseguir a estas personas es mucho más fácil que perseguir a las empresas”, opinó Mary Bauer, directora legal del Southern Poverty Law Center. “No veo cómo podemos considerarlo como otra cosa que una crisis de los derechos civiles”, agregó.

RESPONDIENDO A LAS CRITICAS

Algunos, citando el pasado racista de Alabama, ven en la nueva ley evidencia de intolerancia, un argumento rechazado por el gobernador Bentley.

“Como cristianos nos enseñan a obedecer la ley. No hay nada malo o injusto en pedir a la gente que obedezca la ley”, dijo en un e-mail enviado a Reuters.

“Lo que ocurrió en la era de los derechos civiles fue una serie de acciones ilegales contra residentes ilegales. Fue un capítulo vergonzoso en la historia de nuestro estado. El tema de la inmigración hoy es totalmente diferente. El Gobierno no está persiguiendo a la gente”, agregó.

Bentley respaldó eliminar una sección de la ley que ha sido temporalmente bloqueada por los tribunales: la que exige a las escuelas que determinen si sus estudiantes y sus padres son residentes legales.

Un grupo de legisladores liderado por el principal impulsor de la ley, el senador estatal Scott Beason, votó el 18 de mayo a favor de preservar esa disposición y sumó una para publicar en internet las fotos y cualquier cargo penal contra inmigrantes indocumentados juzgados por un tribunal.

El 54 por ciento de los votantes de Alabama aprueba la ley y el 35 por ciento está en contra, de acuerdo a un sondeo conducido en febrero por Anzalone Liszt Research.

“No estamos hablando de una política de odio”, dijo Beason a Reuters en su oficina legislativa en Montgomery.

“Es un tema de propiedad privada. La ley federal, si se aplica correctamente, sería suficiente. Si cerramos la frontera y aplicamos la ley, los estados no tendríamos que aprobar este tipo de leyes. Es una cuestión nacional y Alabama simplemente tuvo el coraje de hacerle frente”, enfatizó. (Editado por Javier Leira)

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