ENFOQUE-A río revuelto, grupos radicales buscan emerger en Perú

martes 11 de septiembre de 2012 13:21 CDT
 

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    * Radicales se infiltran en protestas sociales de país
andino
    * Gobierno impulsa ley para frenar avance simpatizantes de
rebeldes
    * Líder de grupo rebelde, Abimael Guzmán, cumple 20 años en
prisión

    Por Marco Aquino y Terry Wade
    LIMA, 11 sep (Reuters) - Con 77 años y sentenciado a cadena
perpetua, el líder del grupo rebelde Sendero Luminoso Abimael
Guzmán sigue logrando que su prédica se haga cuerpo en Perú.
    El grupo violento, que durante dos décadas dejó casi
paralizado al país andino, está latente a través de su brazo
político. Se está infiltrando en las crecientes protestas
sociales y aprovecha la frustración de muchos ciudadanos que se
sienten excluidos del boom económico peruano.
    Líderes políticos y analistas temen que los simpatizantes de
Guzmán expandan sus ideas radicales justo en momentos en que el
presidente Ollanta Humala está dando un giro a la derecha que
choca con algunas de sus promesas de campaña.
    Expertos en seguridad y temas de violencia política
consultados por Reuters advirtieron que la infiltración de
movimientos vinculados a Sendero Luminoso en protestas y
sindicatos es una estrategia para reconstruir al grupo
guerrillero, antes de relanzarlo a una revolución.
    
 
 
    "Conociendo el grado de violencia de estas organizaciones
ultras, se vuelve imprescindible que los diferentes órganos de
inteligencia del Estado doblen esfuerzos para mantener la
seguridad", dijo un reciente informe de inteligencia de las
fuerzas de seguridad fechado en julio y obtenido por Reuters.
    Tal es la amenaza que el Gobierno ha enviado al Congreso un
proyecto para penalizar con prisión a quienes "públicamente"
justifiquen, nieguen o minimicen los delitos cometidos por
grupos rebeldes entre 1980 y el 2000, una polémica norma que
busca frenar a los dirigentes de grupos extremistas.
    "No podemos quedarnos impávidos o pasibles frente a esta
arremetida de las ideologías del terror, que niegan y siguen
negando la violencia terrorista que sufrió el Perú", dijo el
primer ministro Juan Jiménez, al justificar el proyecto.
    Opositores han advertido que la iniciativa de Humala podría
quebrantar la libertad de expresión, pero el Gobierno afirma que
 ha tomado esa decisión porque el "senderismo" está en proceso
de reactivación y adoctrinamiento usando como fachada otras
organizaciones.
    Sin embargo, Perú ha cambiado drásticamente en la última
década. De una nación con una severa crisis financiera y
profunda guerra interna, hoy brilla por su pujante economía, con
un fuerte flujo de inversiones extranjeras y un sostenido
desarrollo tanto en la capital como en el interior del país.  
    La guerra contra Sendero Luminoso, el grupo rebelde que fue
el más violento de América Latina y que buscaba con la lucha
armada de clases imponer un Estado comunista en Perú, provocó
entre 1980 y el 2000 unos 69.000 muertos y desaparecidos.
    Los simpatizantes de Sendero Luminoso, agrupados en el
Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)
-dirigido por excarcelados del grupo rebelde- reclutan ahora a
jóvenes -en su mayoría pobres- en mitines, actos culturales
callejeros y hasta en casas de formación universitaria.
    A inicios del año la autoridad electoral rechazó la
inscripción del Movadef como partido, lo que limitó su actividad
proselitista a las calles, donde convoca a reuniones y
conferencias bajo ese nombre amparado en el libre derecho que da
la Constitución a participar en política.
    La consigna es exigir la liberación del cabecilla maoísta
Guzmán, un profesor universitario con una filosofía mesiánica
condenado a cadena perpetua en 1992.
    "Los que nos critican nos quieren convertir en un paria",
dijo a Reuters Alfredo Crespo, el dirigente más visible del
Movadef que estuvo preso 12 años por ser miembro de Sendero
Luminoso. "Nuestro objetivo es el socialismo como paso previo al
comunismo, aspiramos a una sociedad socialista", afirmó.
    
    BUSCANDO ADEPTOS
    La exposición pública de excarcelados rebeldes se produce en
momentos en que las protestas sociales aumentan en el país.
Demandan principalmente una mayor tajada de las ganancias de las
empresas del clave sector minero y rechazan proyectos por temor
a que su desarrollo contamine el medio ambiente.
    Los conflictos ya han dejado 19 muertos en choques con la
policía en los primeros 13 meses del Gobierno de Humala, quien
desde que asumió en julio del 2011 ha buscado garantizar los
proyectos de inversión y los derechos de las personas.
    Crespo, que dice ser seguidor "del pensamiento marxista,
leninista y maoísta" y reconoce a Guzmán como su líder, afirma
que su movimiento tiene varias bases políticas, una de ellas
asentada en la mayor universidad pública del país, S an Marcos,
que fue el bastión estudiantil de la izquierda.
    También señaló que tiene representaciones en 13 distritos en
la periferia de Lima -los de menos recursos- y en regiones como
Puno, Apurímac, Arequipa, Cusco, Ancash y Ayacucho, esta última
donde Sendero Luminoso inició su lucha armada en 1980.
    Según el informe de inteligencia, el Movadef y otros grupos
radicales han lanzado una campaña con un objetivo común: forzar
la salida del Presidente mediante el llamado "golpe de masas".
    "Este llamado golpe de masas consiste en la deposición del
Ejecutivo mediante simultáneas y violentas marchas de protesta,
donde multitudinariamente participa la población convocada por
organizaciones de izquierda, quienes detrás de las cortinas, son
las que planifican esto", dijo el documento de inteligencia.
    Presidentes como Lucio Gutiérrez y Jamil Mahuad en Ecuador,
Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia y Fernando de la Rúa en
Argentina fueron sacados por presión popular.
    Los analistas creen que esa posibilidad es impensable en
Perú, que atraviesa por un proceso de desarrollo con un
crecimiento económico promedio anual del 6 por ciento en la
última década.
    Al ser consultado sobre si la lucha armada era el camino
para llegar al socialismo que pregonan, Crespo fue ambiguo.
    "Las condiciones no están dadas para una lucha armada, el
propio Guzmán ha dicho que hoy no es el momento", afirmó.
    "La violencia siempre ha existido en Perú y miren ahora;
¿quién está aplicando la violencia? El Estado, que ha matado a
17 personas (en protestas), allí está la violencia", dijo
Crespo, que visita periódicamente a Guzmán en prisión.
    
    DAN LA CARA
    Con la captura de Guzmán, quien el 12 de septiembre cumple
20 años en la cárcel, la violencia paró drásticamente.
    Muchos lo recuerdan vestido con un traje a rayas gritando
con la mano en alto al ser presentado a la prensa: "¡Unos
piensan que es una gran derrota. Lo sueñan y decimos sigan
soñando. Es simplemente un recodo, nada más!".
    Guzmán depuso las armas luego de su captura y un grupo
remanente que opera de forma aislada en la sierra y selva de
Perú lo considera un traidor. Estos combatientes, que protegen
las rutas del tráfico de cocaína -según la policía- se enfrentan
esporádicamente con las fuerzas de seguridad.
    Para Crespo, Movadef no tiene ninguna vinculación con ese
grupo en armas que ha matado a casi una veintena de policías o
militares en choques o emboscadas en lo que va del año. 
    En julio, en una inusual protesta en Lima, al menos 60
personas desafiaron la seguridad de una base naval y reclamaron
libertad para el líder de Sendero Luminoso.
    Los manifestantes, con fotos del rostro de Guzmán y carteles
en los que pedían amnistía para "los presos políticos",
mostraban sin vergüenza sus caras, una clara diferencia frente a
lo que ocurría en el pasado, cuando los simpatizantes de Sendero
Luminoso eran perseguidos y hasta abatidos por las fuerzas de
seguridad.
    Los seguidores realizaron después un "plantón" frente al
Palacio de Justicia, en pleno centro de Lima.
    "¡Por la solución política, amnistía general y
reconciliación nacional! ¡Abajo el aislamiento y libertad para
el doctor Abimael Guzmán!", gritaban los disciplinados
manifestantes, con la mano derecha en alto.
    Por las cárceles de Perú han pasado a lo largo de dos
décadas de conflicto unas 20.000 personas acusadas o condenadas
por delitos de terrorismo, según un informe de la Comisión de
Verdad, que investigó la guerra interna.
    Ahora quedan 654 en las prisiones por ese delito, de acuerdo
con los datos de la autoridad penitenciaria local.
    La mayoría ya cumplió su condena o ha ganado su libertad en
nuevos juicios tras la caída del ex presidente Alberto Fujimori,
preso por ser autor intelectual de una matanza de 25 personas
sospechosas de pertenecer a la guerrilla izquierdista.
    Según fuentes de la policía antiterrorista, desde el 2013 se
cumplirán las condenas de otros importantes dirigentes
guerrilleros, como Osmán Morote, el número dos de Sendero
Luminoso y brazo derecho del cabecilla Guzmán.
    El analista político Gonzalo Portocarrero dijo a Reuters que
los seguidores de Guzmán no muestran arrepentimiento por la
violencia y no tienen sentido de autocrítica o perdón.
    "Ellos siguen creyendo en el pensamiento Gonzalo (como
llaman a las ideas de Guzmán), es decir, siguen pensando que la
violencia es necesaria y conveniente, pero no por el momento;
quizá porque Abimael es un rehén capturado", afirmó.
    Recientemente Portocarrero fue blanco de activistas del
Movadef, que irrumpieron en una universidad durante una charla
del analista sobre su nuevo libro que critica a Guzmán.
    
    IZQUIERDA EN ALERTA
    La aparición más notoria de seguidores de Guzmán en varios
movimientos ha alarmado igualmente a los partidos políticos de
izquierda legalmente inscritos, que también tienen el mensaje de
reivindicación social en el país.
    Ser el "dueño" del mensaje socialista es clave en momentos
en que el presidente Humala abandona su anterior predica de
izquierda radical para aliarse con las ideas pro mercado.
    Los miembros del Movadef y de la izquierda legal, como el
Partido Comunista Patria Roja, coinciden en criticar el "modelo
de libre mercado y capitalista" del Gobierno de Humala.
    Asimismo, convergen en rechazar grandes proyectos mineros
que sostienen el fuerte crecimiento económico de Perú, país rico
en minerales que sin embargo no ha logrado reducir rápido la
pobreza que envuelve a poco menos de un tercio de los 30
millones de habitantes.
    "Ellos representan una voluntad política muy pequeña, pero
bien organizada. Creo que podría ser un peligro si Movadef es
capaz de convertirse en atractivo para las personas que votaron
por Humala antes de que él cambiara", afirmó Portocarrero.
    Humala, un militar retirado que luchó contra Sendero
Luminoso, prometió en su campaña presidencial mayor presencia
del Estado en las actividades económicas en favor de los pobres.
    Ahora es un fuerte promotor de la inversión privada y no le
ha temblado la mano para decretar estado de emergencia para
desactivar protestas sociales con ayuda de las fuerzas armadas.
    René Ramírez, dirigente del partido de izquierda Patria Roja
y líder del mayor sindicato de los maestros públicos de Perú,
advirtió que muchos integrantes del brazo legal de Sendero
Luminoso se han infiltrado en su organización.
    Estos han conformado una facción radical llamada Conare, que
ha encabezado violentas protestas principalmente en el sur del
país, donde los índices de pobreza son los más altos, afirmó.
    El maestro de una escuela pública local gana aproximadamente
450 dólares mensuales -sin descontar asignaciones sociales ni de
jubilación-, uno de los salarios más bajos de Latinoamérica.
    "Hemos detectado esa infiltración", dijo a Reuters Ramírez
en su oficina gremial. "Ellos (los del Conare) mueven a la gente
y a río revuelto tratan de ganar adeptos", afirmó el dirigente.
    "Frente a la inoperancia del Gobierno, esta gente como
Sendero Luminoso hoy aparece porque puede cosechar en un mar
humano resentido, decepcionado, entran con sus ideologías
radicales diciendo que ellos son los salvadores", agregó.
    Otro partido de tendencia izquierdista, Tierra y Libertad,
se ha enfrascado en promover protestas principalmente contra el
sector minero.
    Entre estas manifestaciones destaca la que es liderada por
el presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, cabeza
del también izquierdista Movimiento de Afirmación Social (MAS). 
    Uno de los más recientes conflictos postergó un proyecto de
5.000 millones de dólares de la estadounidense Newmont Mining
 y provocó hasta la renovación de dos gabinetes de
ministros de Humala.
    Santos, que según observadores prepara su candidatura
presidencial, sugirió a sus seguidores en un mitin en junio
levantarse contra Humala por supuestamente no cumplir con su
promesa de respetar el medio ambiente y el agua en la zona.
    "Ecuador sacó a (al presidente Lucio) Gutiérrez porque
mintió; lo sacó a (Jamil) Mahuad porque mintió; lo sacó a Abdalá
Bucaram porque le mintió ¡y Ecuador no ha desaparecido!", dijo.
    Pero Santos y Ramírez han deslindado cualquier vinculación
con grupos extremistas y afirman que sus luchas sociales se
enmarcan por los cauces de la democracia.
    Humala tiene un fuerte apoyo de la comunidad militar y
empresarial. Además cuenta con una aprobación a su gestión del
40 por ciento, pese a que su popularidad bajó en los últimos
meses en un país que crece fuerte gracias a la motorización del
consumo y la demanda interna.
    
    DEFENSA Y FRUSTRACION 
    Como un mecanismo de defensa, la procuraduría del Estado
para casos de terrorismo denunció a nueve dirigentes del Conare
por agitación social y bloqueo de carreteras y los acusó de ir
contra libertades individuales, entre otros cargos.
    "Estoy convencido de que ellos quieren volver a la lucha
armada", dijo a Reuters el procurador Julio Galindo. "No hay
reconocimiento, aceptación, disculpa por parte de ellos de que
causaron graves daños a la vida humana", afirmó.
    Uno de los acusados es Efraín Condori, el jefe del Conare
que ha liderado protestas de su organización, entre ellas el
intento de tomar un aeropuerto, el bloqueo de carreteras en los
Andes del país y una huelga de hambre de profesores.
    En una de las protestas aparecieron perros muertos en una
carretera bloqueada.
    Ese hecho trajo recuerdos de cuando militantes de Sendero
Luminoso colgaron perros muertos en 1980 en postes de energía en
Lima, para rechazar el giro que dio el dirigente chino Deng Xiao
Ping frente a las reformas que impulsó el comunista Mao Tse
Tung.
    "Rechazamos las acusaciones (de que queramos generar
violencia), es la forma perversa, nociva que el Estado recurre
junto a la prensa amarilla", dijo Condori a Reuters durante una
protesta en Lima.
    "Nosotros tenemos libertad de pensamiento, nos desenvolvemos
en un frente gremial, tenemos maestros de todas las tendencias y
hoy nos une una plataforma única", afirmó.
    A diferencia de países que han sufrido guerras civiles, el
proceso de reconciliación en Perú fue abortado casi desde el
principio, en parte porque en la mayoría de los casos los
rebeldes nunca fueron perdonados y porque los insurgentes o sus
simpatizantes no han admitido el daño que provocaron al país.
    Muchas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de
Perú nunca se pusieron en práctica. 
    Un museo para documentar los horrores y abusos del conflicto
-tanto de los rebeldes como de las fuerzas armadas- recién está
siendo construido tras años de disputas sobre cómo administrar
su contenido.
    Benedicto Jiménez, un jefe policial que fue clave en la
captura de Guzmán, refirió a Reuters que probablemente es un
error mantener a Movadef al margen del juego político legal.
    "Al fin de cuentas, Movadef como partido no habría tenido
atractivo. Hubiera sido un buen gesto (del Estado)", dijo.
    Algunos políticos, que han sugerido tímidamente resocializar
a los insurgentes que han purgado condena, han sufrido fuertes
críticas. La política del Estado es mantenerlos al margen.
    Por ejemplo, el Gobierno del ex presidente Alan García
aprobó una ley que prohíbe realizar labores de enseñanza a
maestros públicos que hayan estado presos por pertenecer a
Sendero Luminoso.
    Estas cosas, entre otras, han generado un resentimiento en
jóvenes cuyos familiares siguen presos o han salido de prisión
por condenas de terrorismo. Muchos de ellos no vivieron ni
sintieron en carne propia la época de mayor violencia en Perú.
    "Cuando tenía 11 años se llevaron presos a mis padres, a mi
papá, mamá y tío por pertenecer a Sendero Luminoso; desde esa
fecha me han criado mis abuelos", dijo a Reuters Joel Alejandro
Canahualpa, de 25 años, en un mitin del Movadef.
    "Quiero una amnistía para liberar a mis padres" presos desde
hace 14 años por una condena de 18 años, afirmó. Y defendiendo
el pensamiento maoísta, señaló frustrado: "Creo que la lucha de
mi padre era justa y creo en las ideas de Guzmán".

 (Reporte de Marco Aquino y Terry Wade. Con informe adicional de
Patricia Vélez; Editado por César Illiano y Silene Ramírez)